Proyecto de ley de emergencia social y de las organizaciones de la economía popular.

El proyecto declara la emergencia social por un año en todo el país y encara un repunte de la llamada economía. También se dispone la emergencia alimentaria, así como la implementación de un ingreso social o salario social por trabajo, con la disposición de implementar un millón de nuevos puestos de trabajo en la economía popular, con la intención de consolidar “la generación de empleo genuino”.

Con relación a la asignación universal por hijo se establece un incremento del 15% sobre la misma e igual incremento con respecto a la asignación por embarazo.

El proyecto tiene cinco capítulos y once artículos:

Capítulo 1. Se propone la creación del programa solidario de ingreso social con trabajo. Se prevé la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo, en todo el territorio nacional.

Capítulo 2. Se propone crear el Consejo de la Economía Popular, dependiente del Ministerio de Trabajo, para que en un plazo no mayor de 180 días proponga un Salario Social Complementario. A tal fin se establecerá un índice de canasta popular que respaldará su cálculo y la evolución que tendrá en el tiempo. Los trabajadores incorporados a este tipo de relación, de economía popular, tendrán que inscribirse en un registro para poder percibir el salario social.

Capítulo 3. El proyecto propone declarar la emergencia social por el término de un año. Durante ese período se incrementan un 15% los valores mensuales de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo.

Capítulo 4. En este punto se declara, en todo el país, la emergencia alimentaria por el plazo de un año. Para alcanzar esta propuesta se propone incrementar en un 50% las partidas presupuestarias que están destinadas a las políticas alimentarias. 

 

El texto del proyecto de ley es:

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…

LEY DE EMERGENCIA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMIA POPULAR

CAPITULO 1 – DEL PROGRAMA SOLIDARIO DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO

Artículo 1°. Institúyese el Programa de Ingreso Social con Trabajo creado por la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social N° 3.182 del 6 de agosto de 2009, el que se denominará “PROGRAMA SOLIDARIO DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO”.

Artículo 2º. Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón (1.000.000) de nuevos puestos de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo en todo el territorio nacional, a partir de la vigencia de la presente Ley, los que serán distribuidos entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO 2 – DEL SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO Y DE LAS INSTITUCIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR

Artículo 3º. Créase el CONSEJO DE LA ECONOMIA POPULAR en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objeto de proponer en un plazo no mayor a 180 días posteriores a su conformación, un Salario Social Complementario (SSC). Además, intervendrá en los lineamientos, metodologías, pautas y normas para la definición de un índice de canasta popular a partir del cual se determine el monto del SSC y recomendará políticas públicas concernientes al ámbito de la Economía Popular.

Artículo 4º. El Consejo estará integrado inicialmente por un (1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social y hasta tres (3) representantes en nombre de todas las organizaciones inscriptas dentro del Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas, creado por Resolución 32/2016 del 20 de Enero de 2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El Consejo deberá estar conformado y en funciones en un plazo no mayor a los 30 días desde la sanción de la presente ley.

Artículo 5º. Crease el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la Economía Popular como requisito para percibir el SSC.

CAPÍTULO 3 – DE LA EMERGENCIA SOCIAL

Artículo 6º. Declárese la Emergencia Social en todo el territorio nacional por el término de un año.

Artículo 7º. Durante la vigencia de la Emergencia Social se incrementarán en un 15% los valores vigentes, en cada mes, de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social.

CAPÍTULO 4 – DE LA FINANCIACION

Artículo 8º. El presupuesto general de la administración nacional contemplará las partidas necesarias para el financiamiento de la presente ley.

Artículo 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Este proyecto tiene como objetivo abordar la compleja y crítica situación en la que se encuentran hoy los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en particular y específicamente aquella que atañe a los trabajadores de la economía popular teniendo en cuenta el ciclo recesivo que atraviesa nuestra economía.

En primer término, resulta necesario referirnos a la situación actual del trabajo. Los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares, correspondientes al segundo trimestre de 2016, han mostrado un claro deterioro en las variables vinculadas al empleo respecto a igual trimestre del 2015, arrojando un resultado de 382.000 nuevos desocupados y un total de 980.000 subocupados demandantes; siendo estos valores de una muestra representativa de 27 millones argentinos. Al proyectar estos indicadores a la población urbana total de argentina -41 millones de habitantes- esta problemática implica la existencia de más de 2 millones de argentinos con problemas de empleo, es decir que han perdido su trabajo o que trabajan menos horas de las que podrían y desearían hacerlo. Teniendo en cuenta además, que a esto debe adicionarse el desempleo rural y que es probable que a futuro el problema del desempleo en Argentina se profundice gradual y sostenidamente cuando los efectos de las políticas económicas implementadas se hayan trasladado en su totalidad a las PyMes.

Hoy los pequeños emprendimientos sociales y productivos están enfrentando la combinación de políticas como la apertura indiscriminada de las importaciones, el incremento de las tarifas y medidas que llevaron a la significativa reducción del consumo doméstico.

Considerando a su vez, que la dinámica actual del Estado en materia de acciones vinculadas al fomento del empleo es insuficiente y claramente muestra una tendencia contraria a la necesaria para aliviar a los sectores más castigados por la caída del empleo, hecho que se observa si tenemos en cuenta que la cantidad de beneficiarios del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) han disminuido de 59.000 a 22.000, los del Programa de Trabajo Autogestionado de 10.500 a 5.100, y los del Programa de Incentivos de Reinserción Laboral de 92.000 a 58.000, solo en estos últimos meses.

Del mismo modo debemos observar que sucede con respecto al poder adquisitivo de los trabajadores. La devaluación como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos provocaron el nivel de inflación más significativo desde el inicio de las hiperinflaciones de 1989 y comienzos de 1990, siendo la variación de precios esperada del 45% anual y no del 25% como había sostenido el gobierno al comienzo de su gestión. Ninguno de los convenios colectivos acordados por los sindicatos alcanzó la inflación anual estimada. De hecho, durante el primer semestre la reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12%, lo cual permite asumir que el impacto en los ingresos de los asalariados no registrados fue significativamente mayor.

En el escenario mínimo de inflación estimada se prevé que el salario real se reduzca 4,3% en diciembre de 2016 respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, si se evalúa el escenario de mayor inflación el salario real puede descender hasta 7,1% en el mismo período. Debemos señalar que los datos vertidos previamente se refieren de manera fundamental al sector formal de la economía. Y en este sentido es necesario tener en cuenta que con la perdida de cada puesto de trabajo en el sector formal, se repercute de manera negativa en los ingresos de al menos 3,5 trabajadores de la economía popular, que como su nombre lo indica, por la informalidad de sus condiciones de trabajo, su ingreso se encuentra sostenido por lo que producen a partir del trabajo en el día a día.

Según el Barómetro de la Deuda Social que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en 2015 alcanzó el 29% y saltó en el primer trimestre de este año a 34,5%. Sin datos oficiales aún, el índice de pobreza que calcula la UCA se ubica en su nivel más alto en 7 años, agregando en estas últimas estimaciones a más de un millón de personas. A abril de 2016 la cantidad de pobres se estima trepó casi a 13 millones y 2,35 millones de indigentes. En apenas tres meses, 1,4 millón de personas cayeron en la pobreza en el país. El informe afirma que por la escalada generalizada de los precios, “el mayor riesgo social no sólo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”. Son sectores que “no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad”. Los llama “nuevos pobres” que, según el informe, “emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno”. El 48% de los hogares urbanos del país -54% de la población- se ve afectado por al menos una de las formas de pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15%), tenencia irregular o vivienda precaria (22%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), enfermedades crónicas sin cobertura médica (20%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa (20%). A esto hay que sumarle los efectos que podría tener la consolidación del aumento de tarifas dispuesto por el actual gobierno –aún en suspenso- a partir de los cuales una porción importante de la población podría ingresar en condiciones de “pobreza energética”, esto es la imposibilidad de contar con los ingresos suficientes para afrontar los costos de la provisión de insumos energéticos básicos para la subsistencia, teniendo en cuenta los hábitos de consumo socio-culturales y regionales. Asimismo es necesario subrayar que a corto y mediano plazo, los efectos del aumento desmedido de tarifas repercuten en el conjunto de la economía, aportando a un deterioro general de la situación social.

Casi el 40% de la población integra hogares receptores de programas sociales. Al considerar solamente los hogares en situación de pobreza, el alcance de la política social se incrementa a más de 6 de cada 10 unidades domésticas. Los datos revelan además un mayor acceso a programas sociales entre los hogares de los estratos más bajos, dando cuenta así de la necesidad que tienen los mismos de recurrir a la asistencia pública como estrategia de subsistencia económica. En este sentido, hay que señalar que tanto la AUH como la jubilación recibieron los aumentos correspondientes de marzo y septiembre, totalizando un aumento anual en torno al 30%, lo cual puede ser ponderado con el aumento anual esperado de la inflación cerca de un 45% y de la canasta básica alimentaria específicamente en un 57% y concluir que la actualización de los ingresos ciudadanos y de la seguridad social no alcanzará a equiparar la evolución de los índices inflacionarios.

Esta situación, denota la imperiosa necesidad de declarar la emergencia en materia social en todo el territorio nacional e implementar una serie de políticas que atiendan a los trabajadores de menores ingresos con la misma celeridad con la que se implementaron otras medidas tendientes a atender la situación de otros sectores de la economía y la sociedad. Es en base a lo planteado que proponemos que en el marco de la declaración de la misma se determine una actualización del 15% en el monto mensual de los programas de transferencia directa de ingresos.

La caída de la actividad industrial, que en el primer semestre retrocedió 3,6%, los despidos en el sector público y privado, el aumento indiscriminado de la canasta básica, han afectado la capacidad monetaria del conjunto de la sociedad, impactando con mayor fuerza en los sectores más vulnerables de la misma. Los trabajadores de la economía popular, son las víctimas directas de los despidos de trabajadores formales, por cada despido formal hay tres de la economía popular que sufren igual consecuencia. Esta situación, si bien ha sido reconocida por el gobierno nacional, implementando paliativos para reducir la conflictividad social, hasta el momento no ha logrado modificar las variables económicas a favor de los más pobres. Muy por el contrario ha caído el consumo de leche, carne y verdura y ha crecido la demanda en comedores comunitarios, escolares, merenderos, copas de leche y centros de ayuda asistencial. La conflictividad ha crecido en toda la Argentina; se ha expresado masivamente en el rechazo a los aumentos de tarifas e impulso de recursos de amparo en cientos de ciudades por parte de organizaciones de consumidores, en las manifestaciones de trabajadores para el sostenimiento de las fuentes de empleo y aumento de programas sociales, es obligación de quienes tenemos responsabilidad institucional generar políticas que lleven equidad donde no la hay, que contemplen los conflictos que atraviesan los trabajadores e impidan que caigan en la pobreza o la indigencia. El mejoramiento del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos de la población contribuirá de manera directa tanto al mejoramiento de la calidad de vida de esos grupos familiares, como así también al sostenimiento de la actividad y la reactivación de la economía.

Según el INDEC, de acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial de junio de 2016 presenta una caída de 6,4% (-6,4%) con respecto al mismo mes del año 2015. En el primer semestre del año 2016 con respecto a igual acumulado del año anterior, la producción manufacturera muestra una disminución del 3,3% (-3,3%). La construcción, por ejemplo, es una de las ramas de la economía que se encuentra en situación de marcada caída en los índices de actividad, en parte también vinculado a la parálisis de la obra pública. El ISAC elaborado por el INDEC muestra una contracción del 12,9% en mayo de 2016, en tanto acumula una caída interanual del 10,9% en lo que va de 2016. El caso de la construcción es importante según nuestro interés, por su fuerte conexión con la actividad de la economía popular –a través de cooperativas y trabajos subsidiarios de distinto tipo (textil, alimentación, limpieza)- y también por ser una rama donde los niveles de informalidad son muy elevados. Con respecto a la caída de la obra pública la misma puede explicarse por la reducción de los ingresos fiscales que en términos reales fue compensada por la caída del gasto público.

Por otra parte, el informe del Barómetro Social de la UCA, en su capítulo sobre la problemática del empleo señala que: durante el período anterior, las políticas anticíclicas del Gobierno Nacional lograron reducir la tasa de desocupación, pero aumentando en términos relativos el subempleo inestable. Las cifras evidencian en este aspecto algunos déficits serios: persistencia de un sector informal, heterogeneidad de la estructura productiva y posibilidades limitadas de acceso a un trabajo pleno de derechos. La alta rotación entre periodos de empleo y desocupación continúa siendo un problema por resolver.

De hecho, en la población económicamente activa, 1 de cada 4 personas entrevistadas dijo haber experimentado al menos una situación de desempleo durante el último año. Dentro del grupo de asalariados, 1 de cada 3 encuestados se halla bajo contratación laboral no declarada. Por otro lado, las inserciones de baja calidad en actividades por cuenta propia han determinado que 7 de cada 10 trabajadores no realicen sus aportes jubilatorios. Según este informe, uno de los asuntos más problemáticos del periodo 2010-2015 es la persistencia estructural de los siguientes cuatro elementos: tasas elevadas de asalariados no registrados, alto índice de subempleo entre los cuentapropistas, bajo nivel de retribuciones en una parte importante de los trabajadores, y rotación vertiginosa entre situaciones de ocupación y desocupación. Por lo general, los trabajadores de este sector están ocupados en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones para ejercer los derechos laborales. En el mediano plazo, una consecuencia ineludible para el trabajador en estas condiciones es la inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. En base a las herramientas metodológicas seleccionadas, el informe de la UCA distingue entre 4 sectores de la Población Económicamente Activa; estos son: Empleo Pleno de Derechos, Empleo Precario, Subempleo Inestable y Desempleo Abierto. En base a los índices relevados en el año 2015, la suma de los segmentos de Empleo Precario (31,9%), Subempleo Inestable (15,6%) y Desempleo Abierto (9,4%) alcanza el 56,9% de la PEA con trabajadores que no manifiestan un acceso pleno a derechos.

Desde nuestra perspectiva, estas distintas clasificaciones que define del informe de la UCA o lo que en el mismo se denomina como “nuevos pobres”, para señalar a los más afectados por las medidas económicas del gobierno actual, representan en parte al universo de los trabajadores de la economía popular.

Lo que define a los trabajadores de la economía popular centralmente es que se encuentran inscriptos en relaciones de explotación distintas de las formales o tradicionales. Podemos considerar que los trabajadores de la economía popular están, en primer lugar, por fuera de una relación salarial y en una actividad cuyo trabajo esta socialmente desvalorizado. Podríamos también señalar cuatro fracturas o aspectos de ruptura característicos de la economía popular que la distinguen de la economía capitalista formal. Para avanzar en la caracterización de este segmento de trabajadores podemos describir cada una de estas fracturas.

En primer lugar, la que refiere a los derechos y que ubica a estos trabajadores en situaciones de precarización, es decir a la imposibilidad de acceder al piso de derechos que garantice un trabajo digno. ¿Cuál sería este piso de derechos? La Organización Internacional del Trabajo lo definió como “trabajo decente” aquel “que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para expresar opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato”.

Por otra parte debemos hablar de la fractura institucional, que distingue a estos trabajadores por su condición de informalidad. Por un lado la referida al trabajo en sí mismo cuando carece de “protección legal y beneficios laborales” (trabajo informal) y por otro a las unidades productivas donde se desarrolla cuando éstas no están “correctamente registradas conforme a las leyes nacionales” (sector informal). Sin embargo la sustancialidad de esta característica no radica únicamente en la falta de registración del trabajo sino en la desprotección social y la profunda explotación que estas situaciones encubren.

Asimismo la fractura que refiere a la forma en la que se relacionan las personas en los procesos económicos residuales o de la economía popular, nos señala la característica de externalidad; una inmensa cantidad de trabajadores jurídicamente autónomos pero económicamente dependientes. Recicladores, vendedores ambulantes, microemprendedores y una gran diversidad de oficios que se realizan por cuenta propia integrando las cadenas de valor de las grandes empresas. (Grabois, 2013) De esto también se desprende una última fractura, la de la productividad, que caracteriza al trabajo en la economía popular como un reflejo precario de las relaciones capitalistas de trabajo y en algunos casos, de formas pre-capitalistas remozadas. Se trata de emprendimientos individuales o colectivos con mínima tecnología, baja productividad, ingresos inadecuados para los trabajadores y condiciones insalubres de labor (Grabois, 2013)

Sin embargo resulta esencial repetir que estas situaciones no han sido voluntariamente creadas o producto de elecciones racionalizadas, son el efecto y resultado de las transformaciones en la estructura económica y su correlato en el entramado sociolaboral, que encuentra en la exclusión de una porción formidable de los trabajadores de las estructuras jurídico formales del ámbito laboral un elemento fundante para su sustentabilidad. Roig lo expresa de la siguiente manera, la separación entre los circuitos de la deuda y los circuitos de los derechos es, desde nuestro punto de vista, la gran revolución cultural del neo-liberalismo, que permite la individualización de la responsabilidad, revirtiendo la causa sobre el efecto (el pobre es pobre porque quiere). (Roig, 2016)

En base a este análisis se concluye que resulta necesario avanzar en la elaboración de una normativa específica que permita registrar, reglamentar y dotar de derechos a este segmento de los trabajadores.

Los gobiernos de corte conservador sostienen enfáticamente la teoría del derrame, imaginando que solo el capital es el motor del crecimiento y queda a los ciudadanos la posibilidad de capacitarse para aspirar a empleos de calidad o en su defecto, ubicarse en los escalones periféricos de la gama de producción de bienes y servicios que el mercado pueda demandar.

Los gobiernos de orientación popular, han promovido lo que llamamos derrame inducido, a través de buscar el crecimiento enérgico del mercado interno, incluyendo una importante gama de subsidios a los menos aventajados, para conseguir su inclusión en el consumo, ya que no en el empleo. Con ese mecanismo, se ha conseguido que la demanda de bienes y servicios aumente de modo más acelerado que en el modelo conservador y por lo tanto, la ocupación acompañe.

El Estado argentino en el diseño de su presupuesto para el año corriente (2016) destinó, por ejemplo, $ 3.181.460.000 de pesos para la implementación de gastos en las denominadas Acciones de Empleo del Ministerio de Trabajo; dentro de éstas se incluyen: Programa de Trabajo Autogestionado, el cual está dirigido a asistir financiera y técnicamente a empresas autogestionadas por sus trabajadores y a cooperativas de trabajo, con el fin de garantizar el sostenimiento de dichos empleos; Programa de Recuperación Productiva, destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor en empresas o áreas geográficas en crisis, por lo que tiene por objeto brindar una ayuda económica a los mismos en su condición de beneficiarios en miras de paliar los efectos negativos en su relación de empleo; Programa de Empleo Comunitario, destinado a brindar ocupación transitoria a trabajadores desocupados en situación de vulnerabilidad a través de la ejecución de distintas actividades tendientes a mejorar sus condiciones de empleabilidad y la calidad de vida de la población de la comunidad a la que pertenecen; Seguro de Capacitación y Empleo, de base no contributiva, tiene por objeto brindar apoyo a los trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo, la actualización de competencias laborales y en la inserción de empleos de calidad. Asimismo se invierten $2.264.320.000 en programas de capacitación y entrenamiento para el trabajo, a través de este programa se propicia la implementación de políticas activas de formación profesional, de orientación laboral y de terminación de estudios formales, articuladas con otras operatorias de la Secretaría de Empleo, en particular las relativas al funcionamiento del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

En este sentido intentamos señalar la asignación de recursos debe ser parte del diseño de una intervención política adecuada en términos no solo cuantitativos sino en la forma y contenido de la misma. Entendemos prioritario avanzar en la visibilización institucional y reconocimiento de este sector del trabajo como medida inicial, por lo cual proponemos una serie de medidas de registración de los trabajadores de la economía popular, así como la conformación de un ámbito de diseño y desarrollo participativo de las políticas para el sector, que tenga como meta central la institución de un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular, cuyo objetivo central radica por un lado en el reconocimiento de la deuda pública y social hacia estos trabajadores, y por otra parte en la satisfacción material de alcanzar, como mínimo, el monto delimitado como básico para un trabajo decente (SMVyM).

De la misma forma entendemos que desde el Estado deben promoverse las herramientas y medidas necesarias para fortalecer y ampliar el programa de Ingreso Social con Trabajo, creando en el marco del mismo un millón de nuevos puestos de trabajo. Fundamentalmente avanzando en áreas donde las políticas sean el canal para pensar la producción desde el trabajo y no desde el capital abriendo un abanico de posibilidades concretas de generar ocupación digna en la base social. Eso necesita un Estado que profundice línea por línea y establezca las acciones promotoras y/o reguladoras que correspondan. En las áreas vinculadas a cuidados personales o de salud, al sector energético renovable, en el tratamiento de efluentes cloacales, en el tratamiento de residuos sólidos urbanos y agregado de valor a los reciclables, en la limpieza y mantenimiento de cauces que afectan zonas urbanas, el desarrollo y autoconstrucción de viviendas sociales, la producción, distribución y comercialización de alimentos o materias primas de pequeña escala, la producción de indumentaria textil, son algunas de las líneas que representan una parte del trabajo en la economía popular que con un acompañamiento responsable del Estado se encontrarían en posibilidades de crecer, desarrollarse y abonar a los índices de trabajo digno con pleno acceso a derecho.

La construcción de una sociedad con mejores niveles de igualdad, de inclusión y de dignidad en la vida de los ciudadanos requiere que seamos capaces de elaborar y proponer herramientas que den respuestas a las situaciones que se presentan de manera urgente e impostergable, con las características resultantes de los procesos y ciclos socio económicos que a travesado nuestro país. En este sentido se enmarca la presente propuesta y en base a los argumentos expresados previamente solicitamos a los legisladores que lo acompañen con su voto.

 

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