Impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico – Tenencia accionaria.

Causa “KCK Tissue S.A v. Dirección General Impositiva -DGI-“, Expediente 27.236-I. Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, 12/03/2008.

Sociedad de Brasil que posee participación en empresa Argentina – Responsabilidad sustituta – Deber de sociedad de la República Argentina de ingresar el impuesto correspondiente a empresa del exterior. 

 

 

 Buenos aires, marzo 12 de 2008.

 

El Dr. Porta dijo:

Que a fs. 82/99 la actora interpone recurso de apelación contra la resolución de la División Jurídica de la Dirección Regional Palermo de la Dirección General Impositiva, de fecha 21/3/2006. La misma consideró, respecto del contribuyente la configuración del supuesto contemplado en el art. 45 , ley 11683, con relación al Impuesto a los Bienes Personales, correspondiente al período fiscal 2002, aplicando la respectiva multa.

Que a fs. 107/120 el Fisco contesta el traslado del recurso interpuesto por el contribuyente, solicitando el rechazo del mismo, con costas.

Que a fs. 138 se elevan los autos a sala y se ponen a sentencia.

I. Que el acto recurrido encuentra fundamento en que el contribuyente presentó las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales, Sociedades y Participaciones, correspondiente al período fiscal 2002 en forma inexacta, al haberse constatado en el acto de inspección, que declaró montos de impuesto incorrectos.

Que el Fisco notificó a la recurrente que regularice su situación mediante la presentación de la declaración jurada correspondiente. Dicha regularización corresponde al Impuesto a los Bienes Personales con relación a la participación en el capital social de la actora de Klabín S.A de Brasil. Es decir, se pretendía que KCK Tissue S.A declare e ingrese como responsable sustituto el Impuesto a los Bienes Personales correspondiente a la tenencia accionaria de Klabín S.A.

Que con fecha 26/1/2006 se presenta la declaración jurada rectificativa reconociendo el error encontrado en la declaración jurada original y, de esta manera, se estableció una diferencia de $ 66.026,69. Así, queda configurado el acto apelado quedando encuadrada la conducta en el art. 45 , ley 11683.

Que la recurrente no otorgó a sus accionistas de Brasil el tratamiento respecto del Impuesto a los Bienes Personales, tal cual surge de lo establecido en la legislación vigente.

II. Que la actora, en principio, basa su descargo en que la resolución recurrida no respetó lo establecido en el art. 48 , Tratado de Montevideo de 1980, ya que, el mismo considera que las participaciones accionarias argentinas en sociedades de Brasil no se ven sujetas al pago del Impuesto a los Bienes Personales. Que, sin embargo, puso en conocimiento de la autoridad fiscal que rectificó su declaración jurada e ingresó el impuesto pretendido con más sus intereses resarcitorios, haciéndole saber que lo hacía “sin que ello implique en absoluto consentir el criterio fiscal”.

III. Que la demandada se defiende del recurso interpuesto por la recurrente diciendo que, si ella consideraba que el actuar del Fisco contrariaba la legislación vigente, tenía todas las oportunidades para demostrarlo, no aceptando el ajuste propuesto.

Que, asimismo, considera que el actuar de la actora es negligente y que no se observa el error excusable que la haría pasible de excusación.

IV. Que el acto en cuestión encuadra en el art. 45 , ley 11683, no mediando error excusable como causal de exculpación, en razón de que el contribuyente al ingresar los importes requeridos por el Fisco no contradijo lo exigido por el mismo; aun pensando que su exigencia era contraria a la norma legal vigente aplicable al caso, es decir, el Tratado de Montevideo de 1980.

Que a ese respecto, el fallo “Rouge Internacional S.R.L”, sala B del 28/7/2005 expresa lo siguiente: “…la figura del art. 45 , penaliza la omisión de impuesto sobre la presunción de culpa del presunto infractor en la realización de la conducta. Este resulta el elemento subjetivo de la figura que unida al material objetivo perfeccionan el ilícito en tanto no existe error excusable, el cual debe reunir las características de ser esencial, decisivo e inculpable, y cuya demostración acabada corresponde al responsable que pretende ser exculpado de sanción…”, lo que no se ha probado en autos.

Por ello, se confirma la resolución apelada, con costas.

El Dr. Castro dijo:

Que adhiere a lo resuelto por el vocal preopinante.

Que, a mayor abundamiento, con relación a las manifestaciones de la recurrente en cuanto a que la tenencia de acciones de la contribuyente que poseía la empresa Klabín S.A de Brasil en el año 2002, no se encuentra alcanzada por el Impuesto sobre los Bienes Personales por entender que resulta de aplicación al caso el tratamiento de Nación más favorecida consagrada respecto del Brasil en el Tratado de Montevideo de 1980, en virtud de los celebrados con posterioridad con España, Italia y Noruega (entre otros) con la consagración de la no gravabilidad por argentina de las tenencias accionarias de sociedades de este país por parte de residentes de aquéllos, cabe señalar que la Procuración del Tesoro de la Nación, con fecha 30/6/2006, emitió el dictamen 170/2006, en el cual concluyó que no corresponde aplicar la cláusula de la Nación más favorecida contemplada en el citado tratado a la materia impositiva.

Que, en efecto, tal como lo señala el procurador en dicho precedente, el Tratado de Montevideo de 1980, “…estableció como objetivo el establecimiento en forma gradual y progresiva de un mercado común latinoamericano (ver arts. 1 y 2 , Tratado). Para tal fin, los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración establecieron un área de preferencias económicas, compuesta por una preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial (ver art. 4 , Tratado); así, la única cuestión tributaria incluida, en el Tratado de Montevideo de 1980 se relaciona con el tratamiento de los aranceles aduaneros vinculados directamente con el tráfico comercial de las mercaderías (ver arts. 4 y 5 , Tratado).

“Como se ve, el Tratado de Montevideo de 1980 no incluyó cuestiones de índole impositiva ni persigue la armonización o adaptación legislativa o uniformación de los impuestos internos de los países miembros; tampoco la materia tributaria impositiva está contemplada en los acuerdos de alcance regional o de alcance parcial que se celebren en el marco de los objetivos y disposiciones del mencionado tratado.

“Al no formar parte la materia impositiva del proceso de integración que persigue el Tratado de Montevideo de 1980 y no conteniendo éste limitaciones comunitarias al poder tributario estatal, su regulación ha quedado deferida a la discrecionalidad de las decisiones soberanas que adopten los países miembros de la ALADI, sea unilateralmente o a través de los acuerdos bilaterales que suscriban entre sí o con terceros Estados”.

Que, asimismo, tal como lo pone de resalto la Procuración en el dictamen en análisis, “…surge del debate parlamentario que precedió a la reforma introducida por la ley 25585 a la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales que aquélla persiguió evitar que a través del recurso a la formación de sociedades y de la radicación de los tenedores de acciones de las mismas, como holdings o fideicomisos fuera del país, se produjera el fenómeno de la evitación del pago del impuesto (ver exposición del diputado Daniel Carbonetto -Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4, 2ª sesión ordinaria celebrada el 10/4/2002-)…” y, agrega el procurador que “…Teniendo en cuenta que no cabe presumir la imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (ver Fallos 321:2453 y sus citas; dictámenes 251:492), las exposiciones parlamentarias traídas ponen de relieve que el proyecto entonces en ciernes importó la implícita afirmación, por parte del legislador, de la inaplicabilidad de la cláusula de la Nación más favorecida contemplada en el art. 48 , Tratado de Montevideo de 1980 a la materia tributaria…”, para concluir “Esta interpretación estricta asume particular gravitación si se tiene en cuenta que la materia tributaria toca al nervio más crucial de las soberanías nacionales, en tanto es condición sine qua non de subsistencia de los países y que, instrumentos como la cláusula bajo examen –de resultar aplicables a la materia tributaria- conducen en definitiva a extender tratamientos tributarios acordados de modo particular y atendiendo a determinadas características y singularidades a situaciones no previstas, con la consiguiente pérdida de recursos fiscales que ello apareja”.

Que, en función de lo expuesto, corresponde rechazar la pretensión de la recurrente en tal sentido.

Que, por lo demás, se considera oportuno señalar que la parte actora regularizó las diferencias detectadas por la inspección actuante mediante la presentación de la declaración jurada rectificativa.

Que, si bien tal proceder no genera ninguna presunción irrebatible de omisión de impuesto, sí permite tener por configurado el aspecto objetivo de la omisión, esto es, la declaración inexacta previa con el impuesto declarado en defecto, lo que a su vez, hace presumir la culpa en el contribuyente (conf. reiterada jurisprudencia de esta sala, entre otros, in re “Rosmino y Cía.”, sent. del 27/9/1999, entre otros), quien tendrá a su cargo la destrucción de dicho elemento subjetivo, alegando y demostrando la existencia de un error excusable con entidad para marginarlo del reproche punitivo.

Que, en lo que concierne a la doctrina del error excusable alegado por la recurrente, debe advertirse que, de conformidad a distintos pronunciamientos de esta sala (ver, por caso, “Importaciones Alfatex S.A “, sent. del 30/12/2002 y “Pepa, José L.” del 22/4/2003), el error para poseer entidad eximente de reproche debe reunir la triple característica de esencial, decisivo e inculpable, todas circunstancias que no se visualizan con ninguna nitidez en las presentes actuaciones, incumpliendo la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal in re “Casa Elen Valmi de Claret y Garello ” (Fallos 322:519).

Que, en suma, corresponde confirmar con costas la multa apelada, toda vez que la misma fue adecuadamente ponderada por el juez administrativo, quien tuvo en cuenta la oportunidad en que el contribuyente ejerció su derecho a rectificar, aplicando la reducción prevista por el art. 49 , ley procedimental.

El Dr. Torres dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Castro.

En mérito a la votación que antecede, se resuelve:

1) Confirmar la multa apelada, con costas.

2) Regular honorarios, a cargo de la actora, a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las sumas de $ … para el patrocinio letrado y $ … para la representación procesal de conformidad con los arts. 6 , 7 , 22 y concs., ley 21839 y 7 , 23928. Se deja constancia que la presente regulación no incluye el IVA.

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Carlos A. Porta.- Juan P. Castro.- Agustín Torres.

 

 

 

 

 

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