En la causa “Rojas, Marcos Ariel y otro s/ recurso de casación”, la CNCP, Sala III, el 25/07/2008 trató el tema del acta de secuestro de estupefacientes, donde empleados de la unidad penitenciaria oficiaron como testigos. Al efecto cabe recordar que el art. 138 del CPPN expresamente veda la intervención del personal policial como testigos. En la presente causa se planteó el tema de la nulidad de la citada acta, estableciendo la Cámara la validez de la misma por cuanto dicha acta no configura “per se” una causal de nulidad absoluta del acto del que se deba dar fe, pues solamente la inobservancia de lo prescripto por el artículo 139 dará lugar a dicha sanción; por tanto debe concluirse que la circunstancia apuntada no invalida la diligencia. (Del voto en mayoría del Dr. Tragant), debiendo los jueces apreciar el acta como una probanza más, en consonancia con los restantes medios de prueba. El voto de la disidencia sostuvo que la falta de justificación de los preventores para prescindir de la convocatoria de testigos civiles, más allá de la expresa prohibición legal contenida en el art. 138 CPPN, determina la nulidad de dicho acta. Así la Dra. Ledesma sostuvo que “Sin embargo, surge que los preventores no dieron ninguna justificación para prescindir de la convocatoria de testigos (por ejemplo, la negativa de otros internos de participar, el avanzado horario, la ausencia de personal civil en la unidad, etc.). Así, más allá de las dificultades que pudo enfrentar el personal penitenciario a la hora de llevar adelante el procedimiento en cuanto a la obtención de testigos civiles, lo cierto es que del acta labrada no surge manifestación alguna vinculada con dichas circunstancias que permita examinar la razonabilidad de la decisión.” Agregando “Por ello, teniendo en cuenta la aludida trascendencia de la presencia de testigos como los “ojos del juez”, considero que la ausencia de toda indicación o explicación sobre el punto, resulta determinante para la impugnación de lo actuado.” (Del voto en disidencia de la Dra. Ledesma)

El fallo establece:

///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de julio del año dos mil ocho, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Angela Ester Ledesma, Guillermo José Tragant y Eduardo Rafael Riggi bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa 9181 caratulada “Rojas, Marcos Ariel y otro s/ recurso de casación”, con la intervención del señor fiscal ante esta Cámara, doctor Ricardo Gustavo Wechsler y la señora defensora oficial doctora Eleonora Devoto.//-

Efectuado el sorteo para que los Señores Jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: doctores Ledesma, Tragant y Riggi.-

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

PRIMERO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta alzada en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 48/61, por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, provincia homónima, de fecha 23 de octubre de 2007 (cfr. fs.43/45)) que resolvió “Declarar la nulidad del acta de fs. 1 y de todas las actuaciones substanciadas con posterioridad.”

El recurso de casación interpuesto fue declarado admisible a fs. 67/68 y mantenido a fs. 75.-

Durante el término de oficina se presentó el doctor Ricardo Gustavo Wechsler a fs. 79/80 y la doctora Eleonora Devoto a fs. 80/82 a los fines dispuestos en los artículos 465, primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación.-

Celebrada la audiencia que prescribe el artículo 468 del CPPN el día veinticinco de junio del corriente año, según constancia de fs. 87, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.-

SEGUNDO:

a. El impugnante encarriló su recurso por la vía que autoriza el artículo 456 incisos 2° del CPPN, agraviándose de que no se lo notificó debidamente de la resolución adoptada y de que la sentencia que declara la nulidad de todo lo actuado posee fundamentos meramente aparentes.-

En cuanto al primero de los planteos mencionados, sostuvo que tomó conocimiento de lo decidido porque “apareció” una copia de la resolución en la mesa de entradas de la dependencia a su cargo, aunque nunca se puso a su disposición el expediente.-

Por ello, consideró inexistente la notificación cursada y afirmó que “pretender que me haga cargo de la acción sin leer la causa es imposible”, citando normas de diversos ordenamientos procesales.-

En lo referente al objeto de la sentencia cuya impugnación postula, aseguró que los jueces incurrieron en arbitrariedades, autocontradicciones y erróneas aplicaciones del derecho.-

Refirió que el procedimiento llevado a cabo por el personal del servicio penitenciario no () se apartó de las prescripciones del código adjetivo, puesto que, a diferencia de lo que dice el fallo, la legislación no permite que se haga ingresar a personas ajenas al penal para que presencien requisas.-

Agregó que el acta de fs. 1 cumple con todas las formalidades previstas por la ley, siendo que el requisito impuesto por el artículo 138 del CPPN, constituye un “testigo de vista”, señalando que el procedimiento no se realizó sin testigos, sino que éstos eran empleados penitenciarios.-

Argumentó que “(l)a Cámara pretende sin razón que el acta de secuestro es un elemento de carácter sacramental, cuando es una probanza más, que deberá apreciarse en consonancia con las restantes. Así que aún cuando no pudiera dársele valor (estos en hipótesis, pues tiene plena validez) todavía habría que evaluar el resto del material probatorio lo que no ha sido hecho por el fallo que impugno…” (Cfr. fs. 51).-
Hizo reserva del caso federal.-

b. A fs. 77/78 el doctor Ricardo Gustavo Wechsler postuló que se haga lugar al recurso interpuesto en el entendimiento de que tanto el acta de procedimiento como los testimonios de Hidalgo, Arroyo, Brito y Gómez “fueron pruebas incorporadas a la causa sin problema alguno” (cfr. fs. 77vta.).-

Por lo demás, reprodujo los argumentos del recurrente.-

c. A fs. 80/82 se presentó la señora defensora oficial, quien propició el rechazo de la vía intentada por entender que la sentencia cuya impugnación se pretende se encuentra debidamente fundada y motivada.-

Agregó, que el representante de la vindicta pública carece de derecho al recurso, garantía que se ha consagrado en beneficio del imputado.-

Puntualizó, que el fiscal general no ha demostrado de qué manera se incurrió en una inobservancia de las reglas de la lógica o que se decidió sin la debida motivación y fundamentación.-

Citó el precedente “Kang” y concluyó que habilitar la vía recursiva respecto del fiscal ante una sentencia conclusiva de la acción, implica una afectación a la garantía ne bis in ídem.-

Finalmente, hizo reserva del caso federal.-

TERCERO:

a. En primer lugar, corresponde examinar el planteo introducido por el Ministerio Público Fiscal en tanto se agravia de que sólo fue notificado mediante una copia de la sentencia, aunque “nunca se puso a disposición del suscripto el expediente”.-

Para dar respuesta al impugnante, conviene recordar que el instituto de las nulidades procesales tiene en mira resguardar el debido proceso y la defensa en juicio. Por ello, resulta improcedente declarar la nulidad por la nulidad misma, exigiéndose la existencia de perjuicio (pas de nullité sans grief). Es decir que, cuando la actividad procesal cumplida perjudique la función de tutela de los intereses comprometidos en el proceso, por haberse configurado una irregularidad que afecte el ejercicio de la defensa, un presupuesto procesal o el equilibrio entre las partes resultante del principio de igualdad y del contradictorio, debe ser invalidada, privándosela de eficacia.-

En el presente caso, se advierte que el fiscal general (conforme él mismo lo relata) fue notificado con copias de la sentencia adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Tal es así, que con motivo de dicha notificación tuvo ocasión de interponer la vía recursiva que da origen a las presentes.-

Por otra parte, en la especie se ha dado estricto cumplimiento a las pautas que, en lo concerniente a esta materia, fija el artículo 147 del CPPN. En efecto, dicha norma regula que “La notificación se hará entregando a la persona que debe ser notificada una copia autorizada de la resolución, dejándose debida constancia en el expediente. Si se tratare de sentencias o de autos, la copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.” (Artículo 147)

Conforme se advierte, la entrega de copias realizada satisface el requisito legal. Pero además, en esta caso concreto, cumplido que fue el anoticiamiento, no se advierte el perjuicio concreto que causa al fiscal general el hecho de que no se hubiera hecho entrega del expediente.-

En esta línea, interpreto que una vez realizada la notificación mediante la entrega de copias de la sentencia, si el fiscal general lo consideraba necesario, nada le impedía solicitar la causa, o bien, presentarse en la sede de la judicatura para compulsar las actuaciones, alternativas que en modo alguno pueden recaer -a modo de obligación, tal como se pretende- en cabeza del órgano jurisdiccional.-

En aplicación de la doctrina sentada, considero que habiéndose notificado adecuadamente al representante de la vindicta pública mediante copia de la sentencia (extremo no controvertido) y, siendo que tampoco se ha acreditado la alegada irregularidad, ni se invocó adecuadamente el perjuicio concreto sufrido, corresponde rechazar la invalidación propiciada.-

b. Ahora bien, a continuación corresponde analizar el restante agravio que señala el Ministerio Público Fiscal en cuanto alega la arbitrariedad por falta de fundamentación de la sentencia mediante la cual se declaró la nulidad del acta de fs. 1 y de todo lo actuado en consecuencia.-

Para dar adecuada solución al caso, interesa mencionar que la presencia de testigos civiles durante la realización de actos importantes (por su trascendencia y esencialmente por la imposibilidad de ser reproducidos en igualdad de condiciones durante el juicio público), tiene como fundamento el control de los actos emanados de autoridades estatales y constituye un límite contra posibles irregularidades. Es que son los ojos del juez y es a través de ellos que resulta posible reconstruir el procedimiento.-

Clarificado este extremo, corresponde analizar el planteo introducido a partir del principio general que regula el instituto de la invalidación de los actos procesales, esto es, la existencia de un vicio que revista trascendencia y que afecte un principio constitucional. Ello sólo se configura si en el caso concreto se ha generado un perjuicio y éste no fue subsanado.-

En efecto, las formas procesales han sido instituidas como garantía de juzgamiento y no como meros ritos insustanciales. En tal sentido, el fundamento sobre la presencia de los testigos civiles -conforme lo establecen los arts. 138 y 139 para los actos practicados de conformidad con el art. 230 bis del CPPN durante la realización de aquellos, por resultar los mismos de imposible reproducción en igualdad de condiciones durante el juicio público- reside en el referido control de los actos emanados de autoridades estatales.-

La ausencia de testigos, no constituye una mera formalidad que pueda ser omitida, sino que tiende a resguardar la regularidad del acto. En igual sentido me expedí al votar en la causa nro. 5015, “Palacios, Oscar Enrique s/ rec. de casación”, rta. 22/06/04, reg. nro. 322/04.-

En el presente caso, conforme surge del acta de fs. 1, el día 17 de enero de 2007, siendo aproximadamente las 22:00 horas en el interior de la Unidad nro. 1 de Tucumán del Servicio Penitenciario Federal, el agente Mario Hidalgo efectuaba recorridos de rutina e ingresó en la Consejería General informando que en el sector seis pudo observar que unos internos tenían sobre una mesa de madera unos cigarrillos de los denominados “porros”. El agente Julio César Gómez recibió directivas de permanecer en la conserjería “de apoyo”. Así, Hidalgo junto al sargento primero Marcos Gerardo Arroyo y el cabo Claudio Angel Brito se constituyeron en dicho pabellón, observando que entre dos camas estaban sentados los internos Rojas y Fernández con una mesa de madera en el medio que tenía un diario con elementos blancos y alargados. Inmediatamente, los internos pretendieron deshacerse de las sustancias que tenían en su poder y el personal penitenciario revisó un tacho de ropa, detectándose en su interior un envoltorio con veintiún pastillas (presumiblemente, psicofármacos). Ambos internos fueron llevados a la conserjería, oportunidad en que en el envoltorio que Rojas tenía en su poder, se halló marihuana y siete papeles sueltos para el armado de cigarrillos, una cobertura de papel higiénico, ocho papeles de este tipo cortados y veintinueve cigarrillos armados con sustancia vegetal. En función de ello, se dio intervención al oficial auxiliar Luis Alberto Peñalva, quien se hizo presente y ordenó que los elementos secuestrados fueran depositados en sobres (cfr. fs. 1).-

Ahora bien, el artículo 138 del CPPN expresamente exige la presencia de dos testigos civiles (que en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de actas que acrediten los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares y requisa personal).-

En el particular se advierte que la requisa y secuestro del material estupefacientes se llevó a cabo en el interior de una unidad carcelaria, extremo que evidencia singulares implicancias prácticas en cuanto a dicha exigencia.-

Sin embargo, de la lectura del acta de fs. 1, surge que los preventores no dieron ninguna justificación para prescindir de la convocatoria de testigos (por ejemplo, la negativa de otros internos de participar, el avanzado horario, la ausencia de personal civil en la unidad, etc.). Así, más allá de las dificultades que pudo enfrentar el personal penitenciario a la hora de llevar adelante el procedimiento en cuanto a la obtención de testigos civiles, lo cierto es que del acta labrada no surge manifestación alguna vinculada con dichas circunstancias que permita examinar la razonabilidad de la decisión.-

Por ello, teniendo en cuenta la aludida trascendencia de la presencia de testigos como los “ojos del juez”, considero que la ausencia de toda indicación o explicación sobre el punto, resulta determinante para la impugnación de lo actuado.-
Además, más allá de la expresa prohibición legal (artículo 138 del CPPN que veda la intervención del personal policial, en este caso, penitenciario, como testigos), lo cierto es que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, Arroyo, Brito e Hidalgo fueron quienes llevaron adelante el procedimiento, motivo por el cual, también desde este punto de vista, no podrían ser considerados testigos, tal como pretende el fiscal general.-

En efecto, respecto de Gómez, el acta solamente da cuenta de que fue comisionado (previo a la requisa) para permanecer en la consejería “de apoyo”, mientras que al oficial auxiliar Luis Alberto Peñalva, tuvo intervención luego de que sucedieron los acontecimientos, impartiendo directivas (cfr. fs. 1).-

Por ello, considero que los argumentos expuestos por el recurrente referentes a que el acto no debe ser invalidado porque los testigos fueron los funcionarios penitenciarios, carece no sólo de sustento normativo, sino fáctico, a la luz de la reseña que surge del acta del procedimiento, resultando entonces adecuada la solución adoptada por el tribunal.-

En consecuencia, habida cuenta de la afectación de garantías constitucionales de los imputados, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal, sin costas (artículos 456 inc. 2°, 471 a contario sensu y 532 del CPPN), resultando inoficioso avocarme al tratamiento de los demás planteos articulados por la defensa durante el término de oficina.-
Tal es mi voto.-

El señor juez doctor Guillermo José Tragant dijo:

1°) Que en cuanto al planteo del Sr. Fiscal referido a la indebida notificación del decisorio que en copia luce a fs. 43 vta., comparto la opinión que la Dra. Ledesma expone en el Considerando Tercero de su voto, en el sentido que la diligencia se cumplió con apego a las formalidades de la ley (art. 147 del C.P.P.N.), no advirtiéndose el perjuicio concreto que le pudiera haber acarreado a la fiscalía que no se le hubiese hecho entrega del expediente.-

Cobra aplicación entonces, cuanto señalé al votar en la causa n° 4859 “Alais, Julio Alberto s/recurso de casación”, reg. 199/04, del 23/4/2004, en el sentido que “… en virtud del principio de trascendencia una de las exigencias fundamentales para que proceda la declaración de nulidad de un acto procesal es la existencia de un perjuicio concreto, o sea la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que son su causa;; por consiguiente tanto en el caso de una nulidad relativa como de una nulidad absoluta es menester la demostración de un perjuicio real y concreto (cfr. CSJN Fallos 323:929).”-

En consecuencia, doy mi voto concordante con la propuesta que formula la colega.-

2°) En relación al agravio dirigido a cuestionar la arbitrariedad de la resolución mediante la que se declaró la nulidad del acta de fs. 1 y de todo lo actuado en su consecuencia, adelanto que el recurso es procedente.-

Ello así, pues, a mi ver, la resolución impugnada no se ajusta a las prescripciones del artículo 123 del ordenamiento ritual, pues la solución adoptada por el a quo carece de fundamentación (cfr. mis votos Vitale, Rubén D. s/rec. de casación” reg. 41 del 18/10/93; “Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación” reg. 67 del 15/12/93″; “Risso de Onajansky Nelly s/rec. de casación” reg.142/94 del 18/10/94; “Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación” reg. 152/94 del 21/10/94; y la doctrina sentada en la causa 1693 “Waisburg, Héctor y otros s/rec. de casación” reg. 548/98 del 21/12/98).-

Según consta en el legajo, el documento de fs. 1, protocoliza una requisa efectuada por personal penitenciario, en el Pabellón de Mediana Seguridad de la Unidad Uno y Dos, Sector 6, de la Provincia de Tucumán; en virtud de la cual se incautó a los internos Marcos Ariel Rojas y César Rubén Fernández, 21 pastillas de -presumiblemente- psicofármacos, 29 cigarrillos de marihuana y papeles para el armado de cigarrillos.-

El aquo consideró que el acta declarada írrita, desatiende las previsiones de los artículos 138 y 139 y 230 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que sólo reconoce como testigos al personal del penal que practicó la requisa y secuestro, concluyendo que la incautación no se verificó “en presencia de los testigos de ley”.-

Esta Sala lleva dicho que la ineficacia de un acto sólo puede derivar de una amenaza expresa y categórica de la ley que lo disciplina (art. 166 del C.P.P.) y no de una valoración judicial acerca de la mayor o menor importancia de las formas observadas. Puesto que a veces se prescriben formas o requisitos sin amenaza de nulidad, no toda irregularidad formal determina dicha sanción. Además, que los preceptos legales sobre nulidad deben ser interpretados restrictivamente, si no se quiere desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica (causas “Alvarez, Domingo Vicente s/rec. de casación” reg. 100bis del 3-0/3/94; “Mendoza, H. y Amaya, J.R. s/rec. de casación” reg. 122 del 19/4/94; “Malaguarnera, Josefa del Carmen s/rec. de casación” reg. 133 del 27/4/94, “González, Norberto A. s/rec. de casación” reg. 107/96 del 10/4/96, entre otras).-

De adverso a lo sostenido por los jueces, el acta de secuestro no exhibe irregularidades que enerven su validez, apreciándose sin esfuerzo la indicación de la fecha, la firma de los funcionarios intervinientes en el procedimiento, así como la del detenido Fernández, con constancia que Rojas se negó a suscribir.-

En este caso, funcionarios penitenciarios oficiaron como testigos, extremo que no configura per se una causal de nulidad absoluta del acto del que se deba dar fe, pues solamente la inobservancia de lo prescripto por el artículo 139 dará lugar a dicha sanción; por tanto debe concluirse que la circunstancia apuntada no invalida la diligencia.-

Esta Cámara tiene dicho que si sólo firman como testigos dos integrantes de la fuerza preventora, siendo el acta de detención y secuestro una probanza más y no un elemento de carácter sacramental, los jueces deben apreciarla en consonancia con los restantes medios adquisitivos, lo que determina el carácter relativo de su nulidad, y posibilita su subsanación durante la sustanciación del juicio mediante la incorporación de nuevas probanzas, tratándose en definitiva de una cuestión de aptitud probatoria (cfr. causa n° 7610 “Basile, Mariana Lorena s/recurso de casación”, -Sala I-, rta. El 20/11/06, reg. n° 9800; “Pereyra, José N. S/recurso de casación” -Salal IV- rta. el 2/7/99, reg. n° 1927; “Guillén Brizuela, Gregorio s/recurso de casación” reg. n° 33/95, del 15/3/95, “Ausili, Gustavo Martín y otro s/ recurso de casación”, reg. n° 128/95, del 22/6/95 y 8339 “Preiss, Leandro R. S/recurso de casación”, reg, n° 1895/07, del 27/12/07 -de esta Sala III- ).-

Por otra parte, el emitir opinión en la causa “Edelap s/rec. de casación” (reg. 92bis/94 del 11/8/94 sostuve “…la eficacia probatoria de estos instrumentos dependerá de su autenticidad y de la veracidad de las manifestaciones en él contenidas y harán plena fe de la “existencia material de los hechos” que el oficial público exprese que él mismo ha cumplido o que han sido realizados en su presencia, hasta que sean argüidos de falsos por acción civil o criminal (art. 993 Código Civil).-

Se debe tener presente que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la incautación del estupefaciente, aparecen recreadas además, en las testimoniales rendidas en sede judicial por los funcionarios que intervinieron en el procedimiento (Elio Mario Hidalgo, -fs. 14/vta.-.; Marcos Gerardo Arroyo -fs. 15-.; Claudio Angel Brito -fs. 16- y Julio César Gómez -fs. 17-), acta de apertura de fs. 18 y la pericia de fs.20/21, de manera que la conclusión del a quo en punto a que lo actuado ocasionó un daño irreversible sobre las garantías y derechos constitucionales de las personas sindicadas como presuntos autores responsables de una conducta, resulta infundada, al prescindir arbitrariamente de elementos de prueba legítimos que armonizan con cuanto se ha dejado constancia a fs. 1.-

Tal defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo y desatiende el mandato del artículo 123 del C.P.P.N. que reglamenta la garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional) en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa (Conf. Causa nº 93 “Kolek, Carlos Pedro”, fund. tercero y su cita bibliográfica, con más causas M.705.XXI, “Martínez, Saturnino” rta. el 7-7-88; B.168.XXII “Borthagaray, Carlos Rubén” rta. el 24-11-88, S.232.XXII “Scalzone, Alberto” rta. el 1-12-88, G.420.XXIII “Godoy, Marcelo” rta. el 6-8-91, y sus citas, entre otras, estas últimas de la Corte Suprema de Justicia).-

En definitiva, propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas; anular la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y remitir las actuaciones a su origen a fin que se continúe su tramitación (arts. 123, 404 inc. 2°, 456 inc. 2°, 471, 530 y concordantes del C.P.P.N.).-
Tal es mi voto.-

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

1- Que en orden al planteo dirigido a cuestionar el modo en que se notificara el pronunciamiento recurrido, adherimos a la propuesta efectuada por los colegas preopinantes en sus votos, y en consecuencia, emitimos el nuestro en idéntico sentido.-

2- En relación a la validez del acta de fs. 1, consideramos acertada la solución propiciada por el doctor Guillermo José Tragant, razón por la cual adherimos a su propuesta.-
Tal es nuestro voto.-

Por ello, en mérito al acuerdo que antecede el Tribunal, RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas;; ANULAR la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y REMITIR las actuaciones al origen para que se continúe su tramitación (arts. 123, 404 inc. 2°, 456 inc. 2°, 471, 530 y concordantes del C.P.P.N.).-
Regístrese, hágase saber y cúmplase con la remisión dispuesta, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.-

Fdo.: Dr. Guillermo J. Tragant – Dra. Ángela E. Ledesma – Dr. Eduardo R. Riggi

Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin.//-

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